El
dueño de un predio, a pesar del AVALÚO y una resolución de expropiación, no ha
entregado el terreno.
Un pleito entre
el Instituto de
Desarrollo Urbano (IDU) y el dueño de un predio privado tiene
frenada la terminación del deprimido del Concejo, cerca de la calle 26 con
carrera 34.
Son 520 metros cuadrados del costado noroccidental que fueron proyectados como un retorno para los buses articulados y es una de las obras que tiene atrasada la finalización de la troncal de la 26.
Aunque el IDU ya expidió una resolución de expropiación e hizo un depósito
judicial por 6.300 millones de pesos, el dueño no ha entregado el
terreno.
"Estamos pendientes del registro de la resolución de expropiación en tres folios de la matrícula inmobiliaria", informó el IDU, trámite que actualmente se adelanta en la oficina de registro.
Según el instituto, la expropiación no tiene marcha atrás porque "hay prevalencia del principio de interés general por tratarse de una obra pública".
Gonzalo Gómez, presidente de Apel, empresa propietaria de los terrenos y donde funcionaba un instituto de educación técnica, aseguró que no ha entregado los predios porque el avalúo "está mal hecho".
Aunque Gómez no dio una cifra sobre el monto del avalúo del terreno, sí dijo que está por encima de los 6.000 millones de pesos, incluyendo el daño emergente que generó la demolición.
"Tuvimos que arrendar lugares para darle clases a nuestros estudiantes, lo que nos costó unos 100 millones de pesos mensuales", explicó Gómez.
Un vocero del área jurídica del IDU confirmó que el avalúo fue hecho por la Cámara de Propiedad Raíz de Bogotá, que tuvo en cuenta las condiciones del inmueble, el estado de la estructura y la licencia con que se construyó. Sin embargo, según el Distrito, el dueño de Apel nunca se opuso a la calificación en los cinco días siguientes del concepto del avalúo, como dicta la ley.
Otra de las razones por las que Gómez no ha entregado el terreno tiene que ver con la definición de los linderos. "Ellos nos hablaron de 520 metros cuadrados, pero corrieron los linderos y se están apropiando de casi 1.000 metros cuadrados. Pido que Catastro revise el tema", señaló el presidente de Apel, pero mientras eso sucede ninguna de las partes se responsabiliza de la demolición de un muro que podría venirse abajo, como advirtió el Fopae.
El IDU confirmó que
apenas cuente con el visto bueno de Registro podrá solicitar auxilio de la
Policía para obligar al ciudadano a entregar el predio.
El dueño, por su parte, pidió verificar los linderos y el avalúo.
Así, aún es
incierta la fecha de terminación del deprimido.
