Año a
año los contribuyentes de este impuesto tienen que ver cómo el cargo aumenta
muy por encima de su capacidad de pago. Las manifestaciones en contra de estos
aumentos, nuevamente, serán noticia el año entrante y preocupa,
particularmente, la manera en que los propietarios de vivienda denuncian que el
valor del impuesto ha alcanzado niveles confiscatorios que los obligan a vender
sus casas para poder pagar.
El auge
reciente de nuestro mercado inmobiliario ha tenido consecuencias tributarias
previsibles pero no deseables sobre una parte muy importante de los
propietarios de inmuebles en el país. En los últimos siete años, el avalúo
catastral nacional, sin incluir Bogotá, ha aumentado más del 80%. En la capital
el fenómeno es incluso más preocupante, el avalúo catastral de la cuidad pasó
de $121 billones en el año 2008 a $447 billones en 2015. El avalúo del distrito
se incrementó un 269% en apenas 8 años.
Mientras
tanto, la variación anual promedio del IPC y del salario mínimo, que son
indicadores precisos del comportamiento reciente de los ingresos de los
colombianos de menores recursos, ha sido de 3,2% y de 4,9% respectivamente; es
decir, en términos reales, el poder adquisitivo de los colombianos tan sólo ha
aumentado en 1,7% en comparación con el 80% del aumento en el avalúo catastral
del país (sin Bogotá) y del 269% del aumento del avaluó en la capital.
Por
estas razones es que hemos venido insistiendo junto con Carlos Fernando Galán
en la necesidad de poner un límite a los incrementos. A través de un proyecto
de ley pretendemos introducir un tope al incremento anual del impuesto predial
unificado para predios residenciales producto de actualizaciones catastrales.
Este
cambio normativo, aunque no impedirá que los entes territoriales hagan
actualizaciones sobre estos bienes, sí hará que los incrementos que estas
generan en la liquidación del predial sean razonables y guarden mayor grado de
proporcionalidad con los aumentos en la capacidad contributiva de los
ciudadanos.
En
concreto, buscamos que exista un límite general a los incrementos anuales del
impuesto del 50%. Además de esta medida, también planteamos la necesidad de
darle una protección adicional a las familias con menos ingresos y a la
capacidad de pago de aquellas que ya vienen asumiendo un impuesto demasiado
alto en proporción al precio de sus viviendas.
Hemos
propuesto que el impuesto predial de la vivienda de interés social en todo el
país no pueda ser de más del doble del salario mínimo. Esta regla cobijaría
también a quienes actualmente se les calcula el valor del impuesto con avalúos
catastrales de más del 70% del valor comercial de su predio.
Este
miércoles logramos que la iniciativa mencionada fuera aprobada en primer
debate. El amplio respaldo que tuvo
nuestra propuesta pone de manifiesto el interés del Congreso por dar soluciones
al aumento desmedido que viene experimentando el impuesto predial.
Daremos
la pelea para que el año entrante el proyecto haga su tránsito a ley y así
exista en Colombia una norma que, sin descuidar las necesidades de
financiamiento de los municipios y distritos, tenga en cuenta la capacidad de
pago de los propietarios de vivienda al momento de liquidar el impuesto
predial.
Tomado
de www.dinero.com/opinion/
